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Es la fase previa al procedimiento judicial donde se interpelan deudas por diversos canales sin costes ni burocracia.
Se recomienda aplicarla durante 30 días, tras al menos dos interpelaciones con éxito.
Se utiliza la acción judicial de forma sistemática para ejecutar embargos y obtener el cobro.
Mediante seguimiento de fases procesales, investigación patrimonial y reactivaciones de ejecución.
Plazos según el tamaño de empresa, reclamación fehaciente, factura rectificativa y notificación a la AEAT.
Sí, asesoramos a empresas y profesionales en litigación, defensa o reclamación de contingencias jurídicas distintas al recobro.
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